La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Raúl Muñoz Leos, y al ex abogado general de la paraestatal, Juan Carlos Soriano Rosas; además, les impuso una multa de 862 millones de pesos a cada uno.
La dependencia los encontró responsables de un quebranto a Pemex por mil 724 millones de pesos. El 24 de abril este diario publicó que Función Pública investigaba a Muñoz Leos, Soriano Rosas y al ex director Corporativo de Administración, Octavio Aguilar Valenzuela, por la entrega de recursos al sindicato petrolero sin la autorización del Consejo de Administración ni apegarse a la normatividad.
La dependencia exoneró al último funcionario por no existir normatividad que lo obligara a supervisar el contrato 10275/2004, que Pemex comprometió con su sindicato en julio de 2004.
Los dos primeros ex servidores fueron notificados hace tres días de la resolución en su contra, mientras que Aguilar Valenzuela fue enterado el miércoles; los inculpados tienen cinco días hábiles para impugnar ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) entregó el expediente a la Procuraduría General de la República para que proceda conforme a sus atribuciones. En el expediente, la SFP presentó 52 elementos para probar la entrega directa de recursos al sindicato petrolero, sin contar con autorización para ello. El oficio con las conclusiones, firmado por Francisco José de la Portilla Sordo, director de Responsabilidades “C” de la SFP establece que Muñoz Leos y Soriano Rosas “son responsables de los hechos que les fueron atribuidos en este procedimiento; por lo tanto se les imponen las siguientes sanciones:
“La primera es una inhabilitación por 10 años para poder ejercer empleos, cargos o comisiones en la administración pública federal por violación a las leyes, que es la máxima pena, y por violar la normatividad presupuestal”.
La segunda sanción, de carácter económico, es por un monto total de 862 millones 259 mil 470.60 pesos, cada uno, “que equivale a la mitad de un tanto del daño patrimonial causado, en corresponsabilidad”.
Según la dependencia, firmaron el convenio “sin contar con el presupuesto correspondiente ni con las autorizaciones del Consejo de Administración y de las secretarías de Energía y de Hacienda”.
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