México pierde órbita satelital

México perdió los derechos sobre la órbita satelital 109.2 grados oeste, luego de que el único grupo que participaba en la licitación no pudo garantizar que contaría con el satélite para ocupar esta posición el 5 de marzo de 2008, fecha limite que fijó la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para que el país conservara esta órbita satelital.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), informó que la empresa QuetzSat, integrada por SES Americom y MEDCOM desistió de participar en la licitación y el proceso se declaró desierto.

Canadá se quedará con la posición, mientras que México tendrá que formarse al final de una larga fila de demandantes de una órbita para dar servicios de banda ancha satelital. Las consecuencias para el país se apreciarán en términos de merma en su soberanía, economía, rezago tecnológico y menoscabo en su liderazgo latinoamericano en la provisión de servicios satelitales.

La pérdida de la órbita satelital 109.2 grados oeste, que cubre todo el continente americano y Hawai, también significa dejar de ofrecer servicios de telecomunicaciones de banda ancha con contenido nacional, con los efectos que eso significa para los programas sociales y la promoción más ordenada para la integración de redes de telecomunicaciones.

Además, el hecho de que la licitación se hubiera declarado desierta le significó al gobierno federal una pérdida de unos 50 mil dólares por la operación que se debió hacer con la UIT, sin considerar que la órbita en sí representa un negocio del orden de 10.5 MDD.

Entre los servicios que considera la órbita 109.2, destacan la Televisión Directa al Hogar (DTH, por sus siglas en inglés), televisión de alta definición, comunicación privada intracorporativa, servicio de transporte para operadores de redes de telecomunicaciones y servicios fijos por satélite de alta densidad.

"QuetzSat se salió del concurso por no tener disponibilidad del satélite para la banda K-A y México pierde la posibilidad de conservar la órbita", dijeron funcionarios de la Cofetel que támbien anunciaron que este organismo hará un censo y una proyección de la capacidad satelital disponible con el fin de determinar las necesidades del país y de la región para acelerar el proceso de obtención de una nueva órbita.

QuetzSat era el único participante en la licitación, debido a que el resto de los interesados consideraron que el gobierno federal estableció un monto mínimo de referencia muy elevado, por lo que no subastaron. El precio base era de 13.5 millones de dólares (mdd), pero el gobierno se vio obligado a bajar hasta 10.5 mdd a fin de consolidar la licitación y que el país conservara dicha órbita.

Las autoridades de telecomunicaciones intentaron licitar esta posición en dos ocasiones, y para ninguna hubo satélite. El primer concurso de licitación de la órbita 109.2 grados oeste se hizo en 2006, una vez que la Cofetel lanzó la convocatoria el 20 de noviembre de 2005.

Desde aquella ocasión QuetzSat se desistió porque no pudo adquirir el satélite. Aun así, el gobierno mexicano consideró que podía lanzar una segunda convocatoria. Nuevamente la empresa advirtió que no podría garantizar la disponibilidad de un satélite para la banda K-A.

Para salvar la órbita, las autoridades trataron de convencer a otras empresas como Panamsat, que opera en México junto con grupo Pegaso, para que moviera uno de sus satélites hacia la 109.2, pero la compañía no aceptó ya que el gobierno exigía el pago de una contraprestación.

Actualmente México cuenta con cuatro órbitas satelitales; de éstas, tres están concesionadas a SatMex y la otra a QuetzSat.

Fuerzas de Apoyo Federal: nuevo cuerpo militar de élite

Ha comenzado a funcionar el cuerpo élite del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, con el que se pretende atender el surgimiento de fenómenos y “situaciones excepcionales” que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos o la estabilidad de cualquier parte del país.

De acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determina que las fuerza armadas pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles para restaurar el orden público, enfrentar al crimen organizado y combatir actos que atenten contra la seguridad de la nación, se creó este cuerpo especial que dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto implica que podrá actuar en el combate al narco y en conflictos sociales que se desborden. Sin embargo, estará bajo las órdenes directas del Presidente de la República e intervendrá a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo, pero en ningún caso podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal se integrará por unidades de soldados organizadas, equipadas y adiestradas, las que se constituirán por mando, órganos de mando y el número de unidades que determine el secretario de la Defensa Nacional.

El cuerpo militar de élite recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho y su actuación deberá estar regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano.

Este cuerpo especial contará con los instrumentos, materiales y equipo necesarios para llevar a cabo las acciones operativas, administrativas y actividades que le permitan cumplir con su misión. Para lo cual la Sedena deberá realizar las acciones pertinentes con el fin de que antes del 10 de agosto, provea los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para que el cuerpo especial cumpla con su labor.

El miércoles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea este Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, por lo que hoy entran en vigor dichas disposiciones.En este decreto se explica que entre las misiones generales que tienen encomendadas las instituciones armadas se encuentra el garantizar la seguridad interior de la nación; por tanto, el Ejército y la Fuerza Aérea requieren unidades u órganos encargados de desempeñar tareas de apoyo como las antes mencionadas, y en consecuencia, elementos capacitados para llevarlas a cabo de manera emergente.

A los cuerpos especiales del Ejército y la Fuerza Aérea les son asignadas misiones para cuyo cumplimiento requieren poseer conocimientos y preparación específicos para el manejo de los medios materiales de que están dotados y para la aplicación técnica, táctica y estratégica que las circunstancias demanden.Por lo que debe existir dentro de la estructura del Ejército y la Fuerza Aérea un cuerpo especial (bajo las órdenes del Presidente de la República) que cuente con los elementos humanos, materiales, técnicos, tácticos y estratégicos necesarios para intervenir en las tareas de apoyo mencionadas.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, las que se constituirán por mando, órganos de mando y el número de unidades que determine el general secretario de la Defensa Nacional. Grupos especiales, El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) del Ejército fue creado en 1994 durante el conflicto armado en Chiapas.

Para 2001 fueron creados los Ganfes que es otro grupo de élite, pero anfibio, antes de ellos las brigadas de Fusileros Paracaidistas eran los que realizaban “el trabajo especial”, ya que tienen el mismo entrenamiento. La Secretaría de Marina-Armada de México también cuenta con grupos de fuerzas especiales, que al igual que los Gafes son militares que han recibido adiestramiento en diversos países.

Algunos elementos de la unidad del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales enviada a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para combatir al cártel del Golfo, desertaron del Ejército para poner al servicio de Osiel Cárdenas Guillén sus conocimientos y habilidades para formar el grupo de sicarios conocido como Los Zetas, identificado como uno de los más violentos.Algunos de estos desertores murieron en enfrentamientos o en ajustes de cuentas, otros han sido capturados y algunos más todavía dirigen las células de esta organización delictiva.

La Presidencia cubre al STPRM: disidentes

La Presidencia, las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, así como Pemex, recibieron denuncias de la disidencia sindical de las presuntas anomalías en la asignación irregular de recursos al STPRM, pero no actuaron de inmediato.

Iniciando la administración de Felipe Calderón, la disidencia del sindicato petrolero alertó a varias dependencias federales de las probables irregularidades en la entrega de dinero de Pemex a la organización sindical, cuyas partidas fueron aprobadas por el director, Raúl Muñoz Leos.

Los archivos oficiales de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República y testimonios de la disidencia sindical petrolera, muestran cómo las advertencias fueron ignoradas en principio. La SFP investiga al ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, por un presunto daño patrimonial a la paraestatal por 1,724 millones de pesos, según el convenio 10275/04 la Auditoría Superior de la Federación confirmó las irregularidades detectadas y señala como único responsable al ex funcionario, el cual está citado a comparecer, en compañía de su abogado si lo desea, aunque la ley le permite solicitar una ampliación de tiempo para presentarse a responder.

Ni el ex servidor público ni el sindicato han aceptado dar su opinión sobre el caso.

Durante la ceremonia del aniversario 69 de la Expropiación Petrolera en Ixhuatlán del Sureste, Carlos Romero Deschamps, secretario general del STPRM, defendió en todos los convenios entre la empresa y el sindicato, sin aludir a alguno en específico. "Hoy para tranquilidad de la sociedad y de los propios trabajadores, ha quedado plenamente reconocido por las autoridades competentes que todas las acciones, negociaciones y convenios que hemos formalizado con Petróleos Mexicanos son plenamente válidos y legales", dijo.

La coordinadora de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, Norma Monroy Cuevas, informó que desde el periodo de transición se acercó al entonces presidente electo y fue recibida por sus colaboradores. En febrero de 2007, César Nava, secretario particular de Calderón, envió una respuesta a Monroy en la que le dice que Álvaro Castro, subsecretario del Trabajo, fue instruido para recibir a los disidentes porque la agenda presidencial le impedía a Calderón conversar con ellos.

Los disidentes petroleros le entregaron una nueva carta a Nava Vázquez en Abril 10 para informarle que en 45 días no han sido escuchados por el subsecretario. Desde diciembre de 2006, Monroy Cuevas habló con colaboradores del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quienes abrieron un espacio con el subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, con él hablaron el 18 de enero de 2007.

En Gobernación escucharon sus denuncias y quejas. Según Monroy, el subsecretario les ofreció estar al tanto y canalizarlos con las autoridades pertinentes, pero no ocurrió. El mismo día 18, la coalición de petroleros adversos a Romero Deschamps llevó a las oficinas de Germán Martínez, titular de la SFP, un escrito en el que insistían en denunciar la entrega indebida de miles de millones de pesos al STPRM omitiendo leyes como la de Presupuesto. La oficina de Martínez Cázares remitió la denuncia al Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex, que depende de la SFP.

Sonia Alejandra Celada Ramírez, subgerente de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana del OIC de Pemex, respondió el 6 de febrero con una negativa, basada en que el artículo 123 de la Constitución, así como la Ley Federal del Trabajo, impiden al gobierno intervenir en los sindicatos. Además, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el reglamento interior de la SFP definen las atribuciones del OIC y de la Secretaría de la Función Pública: Sus facultades se ciñen a investigar, dentro del ámbito administrativo, aquellos actos u omisiones realizados por servidores públicos de Pemex en el desempeño de su empleo, cargo o comisión que impliquen incumplimiento a sus obligaciones, afectando los principios de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, afirman los disidentes petroleros.

El convenio, un segundo "Pemexgate”

El 6 de marzo, un mes después de la respuesta del OIC, la disidencia entregó un nuevo oficio en el despacho de Rosendo Villarreal Dávila, director corporativo de Administración de Pemex, a quien le precisan que su denuncia es por la presunta ilegalidad del convenio 10275/04 donde se pactó la entrega directa al STPRM de 1,781 millones de pesos (que ahora investiga la SFP). En ese documento la oposición al sindicato oficial señala que dicho convenio es el "segundo Pemexgate", en referencia al desvío de mil 100 millones de pesos en 2000 para la campaña presidencial del PRI del hoy senador Francisco Labastida Ochoa, y por el que el PRI pagó una multa de igual cantidad.

"Es totalmente inexplicable que se tenga que recurrir a celebrar convenios (el 10275/04) cuando se trata de prestaciones que por más de 30 años están consideradas en el contrato colectivo de trabajo, en donde Pemex tiene la obligación de cumplir, pero a todas luces está más que claro que esta maniobra era para poder entregar en las propias manos de Romero Deschamps ese dinero", sostuvieron los disidentes.

Otro parte de la denuncia dirigido a Martínez Cázares, el 28 de marzo de 2007, la oposición a Romero Deschamps le refiere esa misiva dirigida a Villarreal Dávila y además señalan que la SFP está obligada a investigar"todos los actos de corrupción, abusos u omisiones realizados por servidores públicos, como en este caso, funcionarios de Pemex en complicidad con el sindicato"

Convenio incluía repatriar 43 mdd del sindicato
El acuerdo comprometía la entrega de más de 7,000 millones de pesos

El convenio 10275/04 firmado el 26 de julio de 2004 por Raúl Muñoz Leos, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), comprometió a la paraestatal a entregar 7 mil 781 millones 257 mil 656 pesos.

De acuerdo con copia del documento, en el que aparecen sólo las firmas de Muñoz Leos y de Romero Deschamps, incluso el sindicato se compromete a recuperar y repatriar 43 millones de dólares incautados en Estados Unidos. "Respecto de los recursos propiedad del sindicato que mantiene depositados en EU, por un importe aproximado de 43 millones de dólares, el STPRM se compromete a llevar a cabo todas las acciones destinadas a obtener la repatriación a México de la cantidad depositada en la cuenta número 6MH215309 del Pershing LLC New Cork y/o Pershing, a Division of Donaldson, Lufking & Jenrette Securities Corp".

Medios nacionales de información solicitaron a Muñoz Leos y a Romero Deschamps una declaración sobre el tema, pero se rehusaron a hacerlo.

En los acuerdos pactados por el ex director de Pemex, que hoy están bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública, y en el que detectó irregularidades la Auditoría Superior de la Federación, se otorgan beneficios que incluyen los festejos del STPRM con motivo del Día del Trabajo (1 de Mayo) y de la Expropiación Petrolera (18 de Marzo).

En el texto se enlistan los beneficios para el sindicato, entre los que destacan:
-2,826 millones para los años 2004 y 2005 para servicios médicos.
-1,100 millones para 2,600 viviendas, a más tardar el 31 de agosto de 2004.
-1,700 millones en el 1er trimestre de 2005 para 4,050 viviendas.
-1,400 millones a más tardar el primer trimestre de 2006 para 3,350 viviendas.
-Antes del 1° de mayo de cada año, 22. 3 millones.
-Antes del 18 de marzo de cada año, 12.5 millones.
-Antes del inicio de cada revisión anual de contrato colectivo 80 millones por concepto de gastos de dichas revisiones.
-Por concepto del 1 de Mayo y 18 de Marzo, pagar al sindicato adeudos de 2001, 2002, 2003 y 2004, las cuales ascienden a 459.3 millones de los cuales inmediatamente se le darían 250 millones.

Hasta ahora, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública han detectado la entrega irregular de 1,724 millones de pesos al sindicato de trabajadores petroleros.
-Campos deportivos, conforme a la cláusula quinta, numeral 6, inciso "b" del convenio 10275/04, 200 millones.
-Programa de vivienda, relativo a la cláusula quinta, punto 7 del convenio 10275/04, 1,065.5 millones de pesos.
-Ayudas para los gastos derivados de los festejos relacionados con el desfile del 1 de Mayo, el aniversario de la Expropiación Petrolera (18 de Marzo) y las revisiones anuales al contrato colectivo de trabajo, 459 millones de pesos. Post de Jorge Ramos.